La Directiva 2014/95/UE del Parlamento Europeo y del Consejo establece determinadas obligaciones de divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de grandes empresas y grupos. La divulgación de esta información resulta esencial para la transición hacia una economía sostenible.

Esta directiva fue completada con las Directrices sobre la presentación de informes no financieros de la Comisión UE que se publicaron en 2017. En 2019, la Comisión Europea publicó el Suplemento sobre información no financiera relacionada con el clima que complementaba las Directrices de 2017. Las Directrices de 2019 integran las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Información Financiera Relacionada con el Clima (TCFD) y proporcionan orientación a las empresas sobre cómo informar sobre los impactos de su negocio en el clima y sobre los impactos del cambio climático en su negocio.

Asimismo, destaca la Taxonomía para actividades económicas medioambientalmente sostenibles. La taxonomía es un sistema de clasificación que proporciona a las empresas, los inversores y a todos los actores del sector económico criterios para que determinadas actividades económicas pueden considerarse sostenibles para el medio ambiente. Se espera que ayude al desarrollo de la inversión sostenible.

En abril de 2021, la Comisión Europea publicó una propuesta para modificar la Directiva de Información no financiera:&Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2013/34/UE, la Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y el Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa en materia de sostenibilidad que entró en vigor en enero de 2023 y se aplicará en fases a partir del año financiero 2024, para los informes publicados en 2025. Las empresas sujetas a esta Directiva tendrán que reportar de acuerdo con los estándares (ESRS) desarrollados por EFRAG, que se adoptarán a mediados de 2023.

Asímismo, en marzo de 2021, la Comisión Europea presentó su propuesta de Directiva para un gobierno corporativos sostenible, que tras varios retrasos resultó en febrero de 2022 en una: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad y por la que se modifica la Directiva (UE) 2019/1937.

La Ley 11/2018, de 28 de diciembre, traspuso la Directiva 2014/95/UE al ordenamiento jurídico español.

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